VenEconomia.- Pareciera que la inseguridad se ha convertido en una política de Estado en estos once años de mandato de Hugo Chávez.Desde el día aquél cuando el mandatario afirmó ante el Tribunal Supremo de Justicia que no se podía condenar a quien robaba para dar de comer a sus hijos, el desborde de la delincuencia en Venezuela ha llegado a límites inimaginables.

El Gobierno parece estar enfocado hacia la coerción y la sujeción de los ciudadanos a un proyecto político, y no a garantizar su seguridad y bienestar. La conculcación de los derechos más elementales de los ciudadanos, que hoy se han convertido en una utopía y apenas son concesiones que da el gobernante a su libre discrecionalidad, sumado a la impunidad, ha masificado la delincuencia y potenciado la inseguridad.

Por un lado, el ciudadano está indefenso frente al continuado irrespeto de la élite gobernante a la letra constitucional y ante la libre interpretación y aplicación de las leyes. Su derecho a la defensa es nulo, puede ser imputado a discreción y sin protesto; sus bienes están sujetos a ser expropiados, confiscados, arrebatados o invadidos en cualquier momento y sin ninguna razón legal que lo justifique. Por otro lado, los venezolanos también están a merced del hampa organizada y del hampa común. O lo subyuga el Gobierno o lo acoquina el delincuente.

La población además está en total desamparo para denunciar los atropellos y los delitos que cometen contra su persona o sus bienes, bien sean funcionarios del Presidente, o los malandros. La sensación generalizada en la población, sin distingo de condición socio-económica, es que no hay dónde esconderse del hampa oficial ni de la delincuencia común. Junto a los desmanes del Gobierno, la prensa también reporta cotidianamente de bandas armadas de 10 ó más vándalos, que como langostas atracan en edificios completos; en vagones del metro; en cines; centros comerciales; y en las iglesias.

 O incluso, tal como sucedió hace pocos días, una veintena de automóviles fueron emboscados en la autopista Francisco Fajardo, cuando quedaron atrapados en medio de una caravana fúnebre que portaba al parecer a un integrante de una banda. En los barrios, ese problema de la inseguridad se agrava por razones multifactoriales, entre los que se cuenta el tráfico de drogas, peleas entre bandas o, incluso, por el acoso de enclaves de ataque propiciados desde el mismo Gobierno.

Peor aún es que los entes de justicia competentes para recibir las denuncias de los hechos delictivos de los que han sido objeto, o bien están subordinados a un proyecto político de espaldas del ciudadano o, muchos de sus funcionarios forman parte de la red de delincuentes. No está claro cuál es el propósito de la indiferencia, de la indolencia o de la tolerancia del Ejecutivo Nacional frente a este grave problema social.

Muchos piensan que el Gobierno pudiera estar usándola como método para-oficial para ejercer el control sociopolítico; para forzar el éxodo de un gran contingente de ciudadanos, especialmente de la clase media, que disienten del proyecto comunista de Chávez; o como amedrentamiento de las masas populares.